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Affor, Prevención Psicosocial.

Evaluación pericial

La Psicología Forense constituye una especialización que está tomando cada día mayor importancia, siendo habitual que los peritos asesoren a nuestros tribunales y jueces en materias de carácter psicológico. La intervención del psicólogo forense como perito resulta fundamental en distintos ámbitos de actuación, siendo concebido como auxiliar de la justicia, es decir, su función es ofrecer al juez la información que nos solicita, que él desconoce, y que se deriva del conocimiento experto de nuestra disciplina, en aspectos relevantes para el caso en cuestión. Se trata de un papel con una gran responsabilidad, ya que los resultados de la evaluación forense pueden influir tanto en derecho del trabajo, como de familia o en evaluación de discapacidades o secuelas emocionales de distinto tipo.

En su elaboración, el psicólogo experto evaluará mediante entrevista clínico-forense semiestructurada y las pruebas que considere oportuna, a fin de poder emitir un informe o dictamen pericial, que será ratificado en juicio en caso de ser necesario.

El perito debe demostrarse imparcial y ajeno a la demanda en curso, por lo que es importante que no tenga conocimiento previo, ni contacto, ni interés alguno en el caso que se juzga ni en las personas implicadas en él. Esto lo diferencia del psicólogo que acude como testigo experto a un juicio, pudiendo ser en este caso, por ejemplo, terapeuta de una de las partes y asistir a relatar el conocimiento relevante previo que tenga del caso en cuestión.

Las posibles áreas de evaluación pericial incluyen:

  • Derecho laboral (valoración de incapacidad laboral transitoria o permanente, procesos de selección de personal, cualificación y/o ascensos, evaluación del estrés laboral, situaciones de mobbing, acoso sexual, etc.).
  • Derecho de familia (regímenes de custodia, evaluación de idoneidad en casos de adopción o acogida, evaluación de menores en su estado emocional, adaptación, situaciones de posible abuso/maltrato, etc.).
  • Derecho civil (incapacitación, evaluación para internamiento involuntario, valoración de daño y secuelas emocionales y/o  neuropsicológicas, valoración del daño moral, etc.).
  • Derecho penal (evaluación de la capacidad cognitiva y volitiva del acusado, enfermedad mental o predicción de peligrosidad, evaluación de secuelas en las víctimas o veracidad del relato, etc.).
  • Derecho contencioso-administrativo (informes sobre minusvalías, ley de dependencia, etc.).

 


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